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¿Qué sistema de gobierno es ideal para México?; Adiós al presidencial

sistema de gobierno en México
Foto. Archivo/cuartoscuro

A partir de los acontecimientos naturales de septiembre de 1985, el sistema de gobierno presidencial en México ha venido en una constante picada, esto debido principalmente a la falta de capacidad de la respuesta gubernamental eficaz y eficiente a los problemas públicos a los que se ha enfrentado el país a lo largo de estos años.

Hace unos años en mi protocolo de investigación de maestría, escribía que hemos sido críticos de un Estado sobredimensionado e interventor que inhibe la participación de todos los sectores de la sociedad en los problemas de México. Pero también, hemos reconocido que un Estado minimizado, sin claridad en sus responsabilidades, sin la capacidad material suficiente, o sin el sustento de instituciones fortalecidas, de poco sirve para impulsar y ejecutar reformas que le son de trascendencia para el Poder Ejecutivo, así como para el país.

De igual forma argumentaba que el poder en exceso centralizado representa un grave riesgo para quien lo detenta y para sus gobernados, puesto que se rompe una condición en extremo importante para el ejercicio del poder conferido por los ciudadanos a quienes gobiernan, que es la división de poderes y el peso y contrapeso que debe existir en toda decisión o acción estatal.

El problema que enfrenta el sistema político mexicano con el sistema de gobierno presidencial, radica en el desuso y desgaste en el que ha caído debido a la dinámica social y política de nuestro país, en el cual ya no es posible centralizar facultades constitucionales ejecutivas y legislativas en una sola figura con poder superior conferido por dichas facultades constitucionales.

Sistema de gobierno idóneo

En virtud de lo anterior, resulta, de acuerdo a mi opinión, de transitar hacia un sistema de gobierno con mayores mecanismos de control, acotado en sus atribuciones y bien definido en sus responsabilidades.

Dicho cambio provocaría indudablemente un importante cuestionamiento al entramado jurídico que actualmente posibilita la existencia del presidencialismo en México, comenzando por la Constitución Política (longeva y desgastada) que cuenta con mas de 700 reformas constitucionales a la fecha.

En ese sentido, se debe originar una profunda revisión de la Carta Magna a fin de que los parlamentarios, sociedad civil, académicos, empresarios y gobierno, coadyuven al rediseño del texto jurídico constitucional para transitar a otro sistema de gobierno, el cual desde mi punto de vista, el más idóneo es el sistema semipresidencial.

Dicho sistema se caracteriza por tener un poder compartido; es decir, coexiste la figura del Presidente de la República como Jefe de Estado, con un Primer Ministro o Jefe de Gobierno. El primero sería elegido por voto ciudadano, mientras que el segundo surgiría de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Esto contraería mayor peso y contrapeso dentro del mismo Poder Ejecutivo.

Requerimos de un gobierno ágil, moderno, competitivo, eficaz y con claridad en sus responsabilidades y áreas de competencia; así como en el cumplimiento de las tareas indelegables que le den contenido a su existencia y que permitirán restituir la confianza de la sociedad en sus instituciones. El aparato estatal debe ser ante todo un apoyo y no una carga para la sociedad.

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Fuente bibliográfica:

Carpizo Mcgregor, Jorge. El Presidencialismo Mexicano, Siglo XXI Editores, México, 2002.
– Gargarella, Nino. El Presidencialismo puesto a prueba, en América Latina Hoy. España, 1992.
– Hernández Chávez, Alicia, Coord. Presidencialismo y Sistema Político en México y Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México, México, 1994.

Mtro. Eduardo Leal
Ex Líder de Opinión de Modernidades - Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y Maestro en Derecho por la UNAM. Asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP) y Coordinador Académico del Diplomado Gestión y Política Pública en la FCPyS de la UNAM. Me he desempeñado en la Administración Pública Federal como Director General de Coordinación para la Operación Territorial de la Secretaría de Gobernación, Director General Adjunto de Coordinación y Operación Territorial de la Secretaría de Gobernación y Coordinador de Asesores del Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

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